01-Feb Puerto Rico: el sistema juvenil aparenta no hacerlo pero ha tomado al vía penal

"El sistema, en su ámbito operacional, ha tomado la vía penal a pesar de aparentar, en su marco filosófico, un enfoque de rehabilitación y protección que busca alejarse del procesamiento de los adultos" (Puerto Rico, Trabajadora Social Nélida Rosario Rivera)

O.A.M.: Licenciada ¿cómo se presentaría usted ante los lectores?

N.R.R.: Nélida Rosario Rivera es trabajadora social licenciada en Puerto Rico.  Posee grado de bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Justicia Criminal y un grado de Maestría en Trabajo Social, ambos grados de la Universidad de Puerto Rico. Como trabajadora social ha laborado con jóvenes de 11 a 21 años de edad.  Actualmente trabaja en la Procuraduría de Menores y Familia del Departamento de Justicia (Ministerio Público) en el Distrito Judicial de Bayamón, Puerto Rico.  Su trabajo se centra en realizar evaluaciones sociales a jóvenes que por primera ocasión son señalados de faltas a las leyes.  La evaluación va destinada a emitir recomendaciones para que los y las jóvenes obtengan el beneficio del Programa de Desvío contemplado en el Art. 21 de la Ley 88 del 1989: Ley de Menores de Puerto Rico.  De recomendar a los jóvenes, continúa brindándole servicios hasta que cumplan con el término o el tratamiento estipulado. Rosario, a su vez ha sido vocal electa y subtesorera de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. En el gremio colabora en varias comisiones y comités de trabajo que aportan a la construcción de un proyecto ético-político profesional en su país.  Colabora y trabaja en investigaciones y artículos relacionados al “trabajo social clínico” y áreas relacionadas.

Sus respuestas en esta entrevista no son las posiciones del Departamento de Justicia. Son producto de sus análisis, revisiones y lecturas a partir de su experiencia profesional en esta entidad pública.

O.A.M.: Muchas gracias por la completa presentación. Ahora bien ¿cómo describiría el sistema penal juvenil en Puerto Rico?

N.R.R.: En Puerto Rico, el procesamiento penal de los jóvenes está enmarcado en lo que se llama el Sistema de Justicia Juvenil.  Este sistema surge de forma más organizada a inicios del siglo XX.  Uno de los primeros registros para la atención a la delincuencia juvenil se encuentra en la creación del Asilo de Beneficencia que fungía como centros de reclusión para jóvenes en el 1844, cuando Puerto Rico aun estaba bajo el imperio español[1].  En esos momentos la intervención del Estado no era directa, ya que este asilo estuvo bajo la administración de la Iglesia Católica. 

Ya a partir del 1902, tres años después de la intervención e invasión de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Puerto Rico, se crea un nuevo código penal.  Este código estableció que los niños de siete (7) años o menos no eran capaces de cometer crímenes y que se podía procesar penalmente a los que tenían de siete (7) a catorce (14) años de edad, pero solo si se evidenciaba que había intención de maldad en sus acciones.  De catorce (14) años en adelante se procesaban penalmente como adultos.  Tres años más tardes se crea una Escuela Industrial utilizada como una institución educativa y correccional para jóvenes delincuentes. 

Lo reseñado son acercamientos a un sistema de procesamiento penal juvenil, pero no es hasta el año 1915 cuando se crea la primera ley (Ley de Cortes Juveniles) para el procesamiento y tratamiento de personas menores de edad.  Cuarenta años más tarde, en el 1955, se da un cambio significativo en la legislación y se crea la ley número 97 llamada Tribunal Tutelar de Menores.  Esta ley crea cortes de menores y elimina en su marco filosófico los aspectos criminales del Sistema de Justicia Juvenil.  Tenía una visión más tutelar y paternalista de parte del Estado hacia los jóvenes llamados delincuentes.

Fueron 31 años de vigencia de la ley número 97 antes que entrara un nuevo cambio que buscaba un sistema que le atribuyera mayor responsabilidad al joven y que eliminara ciertas figuras como el Juez-Fiscal.  De este proceso surge una reforma significativa, la cual llevó a tener un sistema de responsabilidad dual: entre el Estado (rehabilitación para los menores) y los menores (su responsabilidad ciudadana).  A partir de ahí surge la ley núm. 88 del 9 de julio de 1986.  Esta ley es la vigente, teniendo 30 años de existencia.  A partir de esta legislación nacional se sostiene un sistema que intenta ser híbrido: de carácter civil-criminal; en la búsqueda de la responsabilidad-rehabilitación y con garantías procesales y la protección de la seguridad.  La propia explicación de la ley indica que tiene un enfoque ecléctico.  Todo esto, lleva a un sistema contradictorio, en la medida que va adoptando particularidades punitivas, como la restricción de la libertad y cobijar a las personas menores de edad con ciertos derechos constitucionales aplicables  a todo adulto acusado de crimen.

La particularidad política de Puerto Rico, al ser una colonia de los Estados Unidos, tiene un efecto directo en el sistema penal juvenil.  Ante esto, las decisiones del gobierno y congreso estadounidense son mandatos para Puerto Rico.  Un ejemplo lo es el rechazo de Estados Unidos a la Convención de los Derechos de la Niñez, por esto Puerto Rico no la contempla en su política pública.  Las relaciones internacionales libres de Puerto Rico con organismos internacionales u otros países no existe, ya que se considera que estamos bajo la realidad estadounidense.  Por tal razón, nuestras estadísticas y necesidades son diluidas junto con los estados de la nación Norte Americana.  Esto perjudica directamente nuestra atención a la niñez y juventud, remitiendo nuestro sistema al modelo estadounidense principalmente pero con menos recursos económicos y con menos proyectos en comparación a los que existen en Estados Unidos.

En fin, el Sistema de Justicia Juvenil es uno invisibilizado en el país.  Es un sistema que intenta tener un balance entre responsabilidad del joven y su rehabilitación.  No obstante, esa apertura permite que sea un sistema que se balancee más hacia el lado punitivo.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que “la naturaleza del proceso en asuntos de menores es distinta a la naturaleza del proceso en la esfera penal, aunque sus procedimientos sean parecidos”[2].

 O.A.M.: ¿Diría usted que, entonces, el sistema se ha corrido hacia una lógica penal antes que proteccional?

 N.R.R.: A partir de la creación de la legislación vigente, se ha integrado a la lógica penal (asumir la responsabilidad a través del castigo) a la vez que se trata de mantener el parens patriae del Estado hacía los sujetos menores de edad.  No obstante, se brinda mayor atención al aspecto punitivo por el peso legal y constitucional que tiene las garantías de derechos aplicables en procesos penales, específicamente por la disposición judicial de la restricción a la libertad.  Incluso, restricción que se basa en recomendaciones y decisiones que pueden tornarse subjetivas y arbitrarias.  Un ejemplo de esto es la privación de libertad tanto por acciones vinculadas a agresiones con armas como por no entrar a una sala de clases por ciertos días estando bajo la supervisión de la Corte.

La ley vigente creó una nueva figura, el Procurador de Menores, quien representa al Ministerio Público.  Parecería ser que el término procurar vendría a enfatizar en la protección y búsqueda del bienestar de los y las jóvenes que pasan por el sistema.  Sin embargo, al ser un proceso adversativo (Pueblo de Puerto Rico en interés del menor X), este funcionario público llamado Procurador viene a ser lo que en adulto se conoce como Fiscal, quien lleva toda la prueba necesaria ante la Corte para probar la participación o culpabilidad del o la joven en unos hechos específicos.  Ante esto, los esfuerzos del procurador se dirigen principalmente a demostrar los elementos de la falta a través de las pruebas y evidencias, más allá de buscar alternativas reales para la atención de las circunstancias de vida de los sujetos juveniles.  Así, se va haciendo de este sistema uno más penal.

 Cuando los y las profesionales del Trabajo Social entramos a evaluar y a conocer al joven, ya se han dado varios procesos legales.  Es decir, los primeros acercamientos que se le brindan son exclusivamente legalistas sin mayores consideraciones psicosociales.  Esto afecta el enfoque proteccionista, ya que la base y la entrada al proceso se lleva desde una mirada punitiva. 

 Ya entrada la atención social lo primero se comienza a evaluar considerando el historial biopsicosocial. En la mayorías de las ocasiones, el análisis de esas evaluaciones se enmarcan en teorías de enfoque psicológico.  Así que las recomendaciones que se hacen a la Corte tiene una orientación principalmente  individualista y psicologizante.  Esto lleva a señalar al joven y su familia como principales o únicos  responsable de las situaciones por las cuales son intervenidos judicialmente.  Obviando la precarización de los servicios de salud, educación, vivienda, recreativos y de seguridad que hay en el país.  Invisibilizando el contexto socio-económico y político que pone a estos jóvenes en condiciones empobrecidas o vulnerabilizadas.  Esto levanta la necesidad urgente de tener mayor formación y lectura de carácter social, sociológica, estructural, crítica, socio-económica de la vida y realidad de los jóvenes que llegan al sistema.

 En fin, el sistema, en su ámbito operacional, ha tomado la vía penal a pesar de aparentar, en su marco filosófico, un enfoque de rehabilitación y protección que busca alejarse del procesamiento de los adultos. Incluso, el distanciamiento principal entre el sistema de adultos (puro penal) y el de jóvenes (civil-criminal) es un asunto lingüístico por los conceptos que se utilizan para diferenciar los procesos. En adultos son delitos, acusados, juicio, sentencia, cárceles (prisiones) y culpables, entre otras.  En el sistema juvenil son faltas, imputados, vista adjudicativa, medida dispositiva, instituciones juveniles e incursos, entre otros, respectivamente.  Los creados de la legislación y sus defensores podrían decir que hay diferencias legales y constitucionales y realmente las hay, pero en la práctica la población juvenil son tratados como delincuentes, al igual que los adultos. 

 O.A.M.: ¿Y qué rol juegan en ese marco los medios masivos de comunicación social?

 N.R.R.: Para la prensa, el sistema de justicia juvenil no es uno de los temas principales, a menos que acontezca alguna noticia trascendental que involucre a un joven o una joven.  Por lo menos, ante los medios, una de las garantías que tienen las personas menores de edad es la protección de su identidad.  La divulgación de  información de identificación o la imagen de un juvenil no es permitido para la prensa del país, velando así por la confidencialidad y privacidad.

Ahora bien, los medios masivos de comunicación social o redes sociales juegan otro tipo de lógica. En este ámbito no existe la protección de esa identidad.  Se han observado situaciones de agresiones entre jóvenes que son captadas mediante teléfonos móviles y circulado a través del internet. Algunos de estos videos o fotos llegan a ser noticias y otros solo pasan a ser difundidos mediante las redes sociales.  Aquellos que llegan a ser noticia acaparan la discusión pública por un tiempo limitado, principalmente hasta que se ve la intervención de la policía y del ministerio público.  Por otro lado, las redes sociales están siendo utilizado para investigaciones o como pruebas para procesar a jóvenes.

 O.A.M.: Finalmente ¿qué perspectivas de mejora visualiza usted?

N.R.R.: Quisiera ser optimista, pero la realidad económica y política del país no permite prever cambios que transformen el sistema penal juvenil a uno que realmente ofrezca servicios de calidad, que rompa con el enfoque punitivo, que busque nuevas alternativas de rehabilitación y que separe las situaciones que requieren atención policiaca y judicial de las que requieren otra atención.  Sin embargo, puedo ver algunos movimientos importantes.

En los pasados cuatro años se ha propuesto catorce (14) modificaciones a la legislación del Sistema de Justicia Juvenil.   De todas éstas, sola una logró ser aprobada y a nuestro juicio es positiva.  Este cambio es vinculado a la aceptación de ciertos casos (menos graves) al programa de resolución de conflictos o mediación de conflictos a partir del año 2014.  Con esto, algunas situaciones podrían ser llevadas a un proceso de diálogo para concluir en acuerdos sin llegar a la adjudicación de culpas.  Este cambio podría ser el inicio de pequeñas reformas que vayan alejando al sistema de una atención punitiva para ciertos casos.  A pesar de este micro avance, aún se cuenta con limitaciones para su puesta en práctica.  La primera es la falta de procesos en la Rama Judicial para atender estas mediaciones de conflictos.  La segunda, y más compleja, es que el Ministerio Público debe consentir el referimiento al proceso de mediación, lo cual se interpone con la visión punitiva que ha perseguido.   

A nivel de legislación este es uno de los cambios más significativo en la ley, desde el ámbito social-no punitivo.  Sin embargo, se han intentado otras alteraciones a la legislación sin mayores resultados.  Por ejemplo, en el año 2013 se propusieron dos medidas legislativas para establecer un mínimo de edad de procesamiento juvenil.  En un proyecto (Proyecto del Senado[3] 244 de enero de 2013) se propuso que fuera de once (11) a dieciocho (18) años de edad.  Mientras que el Proyecto de la Cámara 1234 de junio de 2013 promovía que la Corte pudiera procesar jóvenes de doce (12) hasta diecisiete (17) años de edad, pero ambos proyectos han quedado sin mayor atención de la legislatura. 

Un proyecto reciente que llama nuestra atención fue la intención de exigir que las situaciones que surgen en el contexto escolar fueran atendidas en ese espacio y no tuvieran que ser presentadas ante la Corte. Esta medida legislativa fue propuesta para marzo de 2015 y aún no tiene resultados.

Más allá de buscar enmendar la legislación actual, la Cámara de Representantes aprobó la realización de una investigación a partir de noviembre de 2015.  Aún no se obtienen sus resultados.  Su intención es estudiar en detalle todo el Sistema de Justicia Juvenil.  La resolución de aprobación establece el poco conocimiento que se tiene del sistema y de su efectividad en beneficio de las personas menores de edad.  Busca enfatizar en las Instituciones Juveniles y los servicios que allí se ofrecen.

Se nos hace importante también resaltar que varias de estas medidas legislativas reconocen el carácter punitivo que ha ido tomando el Sistema de Justicia Juvenil.  Incluso, varias de las propuestas buscan alejar al sistema de este enfoque, pero sin renunciar al mismo.  Es decir, que se quiere marcar más la diferencia con el sistema de adultos, reconocerse una filosofía distinta, pero sin llegar a proponer un sistema totalmente diferente.

Otra iniciativa que nos parece relevante resaltar es la existencia de una campaña que promueve eliminar las cadenas a los jóvenes cuando son llevado a la Corte. Esta iniciativa ha sido originada por la National Juvenile Defender Center y acogida por el organismo legal que representa a las personas de niveles socio-económicos bajos, Sociedad para la Asistencia Legal.  La campaña se centra principalmente en el espacio judicial a través de peticiones legales a la Corte.

Por otro lado, existen proyectos que integran un enfoque distinto e intentan mantener un balance entre lo punitivo y la rehabilitación. Ejemplo de esto es el Programa de la Corte de Drogas que pretende integrar el modelo de justicia terapéutica.  Además, la Rama Judicial promueve la celebración de logros e integración de esta la población juvenil a actividades musicales.

En fin, hay acción principalmente en el espacio judicial y legislativo que buscan retocar el sistema.  En el espacio público, prensa, redes sociales, no hay mayor consideración de la realidad del Sistema de Justicia Juvenil.  Incluso, por el momento no visualizo que este tema sea de mayor relevancia, al menos que haya algún acontecimiento de gran impacto mediático.  Actualmente el país está centrado y sumergido en la atención de la crisis fiscal y la deuda impagable de 70 mil millones de dólares.  En atender la relación política con los Estados Unidos, el cual ha reconocido a través de su Presidente, Congreso y Tribunal Supremo que Puerto Rico carece de soberanía y que la misma radica en los poderes del Congreso de los Estados Unidos.  Es decir, se reconoce por primera vez, desde el 1952, que aún somos una colonia.  Ante esto, es casi seguro la entrada de una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico.  La misma creada por el Congreso y nombrada por el Presidente de los Estados Unidos, la cual tendrá poder para crear y derogar leyes, vender propiedades del gobierno y privatizar servicios, entre muchos otros poderes.

O.A.M.: Muchísimas gracias Licenciada....

 

Bibliografía mencionada:

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ley núm. 33 del 19 de junio de 1987, Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendada. 34 L.P.R.A AP. I-A R 1.1 – I-A R 13.12.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ley núm. 88 del 9 de julio de 1986, Ley de Menores de Puerto Rico, según enmendada. 34 L.P.R.A § 2201 – 2238.

Informe de la Procuraduría de Menores.  División de Planificación y Estadísticas. Recuperado de: http://www.justicia.pr.gov/home/informes-estadisticos/

Jiménez, A. (s.f.) Puerto Rico: tenemos que encontrar alternativas. Recuperado de:http://amauta.upra.edu/vol5/vol5Dossier/RESOLUCION_DE_CONFLICTOS_Athelyn_Jimenez_Amauta_5%5B2%5D.pdf

Jurisprudencia; CC-2004-819, Tribunal Supremo Estado Libra Asociado Puerto Rico.

Jurisprudencia: CC-2007-681, Tribunal Supremo Estado Libra Asociado Puerto Rico.

Nevares, N. (2009).  Derecho de Menores. 6ta edición. Instituto para el Desarrollo del Derecho.

Pueblo en interés del menor A.L.G.V., 2007 JTS 90, p. 9.

Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico (2013). Ponencia Proyecto del Senado número 621. San Juan, Puerto Rico.

 

 



[1] Más sobre el trasfondo histórico en Pueblo en interés del menor A.L.G.V., 2007 JTS 90 y Nevares, N. (2009).  Derecho de Menores. 6ta edición. Instituto para el Desarrollo del Derecho.

 

[2] Pueblo en interés del menor A.L.G.V., 2007 JTS 90, p. 9.

[3] Puerto Rico cuenta con una Asamblea Legislativa encargada, entre otras cosas, de la creación de las leyes, según la Constitución del país. La Asamblea está dividida en dos cuerpos: Senado y Cámara de Representantes.  Ambos cuerpos pueden proponer legislación, la cual debe ser aprobada por el otro cuerpo y posteriormente ser firmada por el Gobernador de Puerto Rico para ser convertida en ley.

 

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Curriculum
Currículum Vitae

Osvaldo Agustín Marcón es Postdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2017); Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2015); Magíster en Salud Mental (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2009); Diplomado Superior en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007); Especialista en Minoridad (Univers ... Leer más
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