01-Jul Los cambios en Justicia Juvenil: el camino de Brasil

El argentino Elbio Ramos se desempeña como Juez de Garantías del Joven (Quilmes, Buenos Aires). Es docente universitario, Presidente de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y Juventud (AIMJIJ), y vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y La Familia (AIMJF). Así titula uno de los capítulos de la Colección Justicia Juvenil Restaurativa (Induvio Editorial, 2016): “Una mirada sobre los criterios que corresponde adoptar para la aplicación de sanciones penales juveniles”. En el texto se pregunta: “¿Qué debo considerar para disponer la privación de libertad de un joven?... (para seguir leyendo, hacer click en el título del artículo) - Fuente: diario "El Litoral" (Santa Fe, Argentina, edición del 9/5/17).

El argentino Elbio Ramos se desempeña como Juez de Garantías del Joven (Quilmes, Buenos Aires), docente universitario,  Presidente  de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y Juventud (AIMJIJ), y vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud  y La Familia (AIMJF). Así titula uno de los capítulos de la Colección Justicia Juvenil Restaurativa (Induvio Editorial, 2016): “Una mirada sobre los criterios que corresponde adoptar para la aplicación de sanciones penales juveniles”. En el texto se pregunta: “¿Qué debo considerar para disponer la privación de libertad de un joven? ¿O qué para su arresto domiciliario? ¿Tengo algún parámetro para conceder la libertad vigilada o asistida?; ¿para qué voy a sancionar a este joven, además de haber sido declarado  culpable?”. Procurando una respuesta a dicho interrogante, identifica  pautas a tener presentes para la toma de decisiones. Unas surgen del discurso jurídico pero sostiene que otras, a las que califica como “insumos indispensables”, provienen de los denominados saberes interdisciplinarios.

Como parte de su análisis trae a colación las transformaciones normativas impulsadas en distintos países latinoamericanos, con la promesa de mejorar la situación mediante sistemas de responsabilización penal juvenil. Dicha expectativa no fue satisfecha, lo que genera diversas preocupaciones. Ramos expone que fue Brasil el primero en reaccionar, al igual que en 1990 cuando creó el “Estatuto del Niño y el Adolescente” (Ley 9069). En 2012 sancionó la Ley 12.594, creando el  Sistema Nacional de Atendimiento Socioeducativo”. Por esta vía el Estado regula la aplicación, ejecución y desarrollo de las medidas a disponer por los jueces, incluyendo a los órganos de aplicación pero también su financiamiento. Este Sistema postula como objetivos centrales la integración social del joven y la garantía de todos sus derechos, condensando tales pretensiones en los obligatorios “Planes Individuales de Atención” (PIA). Su diseño, caso por caso, constituye una responsabilidad fundamentalmente interdisciplinaria que Ramos considera “piedra angular del sistema”. Los PIA involucran indicadores sobre la realidad personal, familiar y social que funcionan -en términos del autor- como “ítems o metas que deben lograrse con la intervención judicial”. Especial trascendencia sociojurídica restaurativa adquiere el hecho de que su elaboración debe contar con la “necesaria aceptación y participación del joven destinatario de la medida”. Esto último constituye un puente desde el viejo pensamiento penal hacia las nacientes lógicas restaurativas. Todo  remite constantemente, cabe insistir, al aporte de los saberes interdisciplinarios como condición necesaria para que los referidos “ítems” se apoyen en fundamentos científicos, evitando su transformación en micro-sanciones encubiertas.

Claro está que el ordenamiento brasileño incluye, explica Ramos, el reproche ante la conducta infraccional mediante sentencia judicial. Esto fortalece los principios de legalidad y excepcionalidad de la acción priorizando -como quedó dicho- las prácticas restaurativas al igual que la proporcionalidad, la individualización y la brevedad de las medidas. Con igual jerarquía incluye el principio de mínima intervención, la no discriminación del adolescente y el fortalecimiento de los vínculos familiares-comunitarios. Se advierte, entonces, que no se trata de pensar en términos de ausencia de respuestas sino de reemplazar la respuesta lineal sancionatoria por otras que acepten los desafíos de escuchar a los distintos actores y construir con ellos maneras de responder ante los  distintos planos del daño generado.

Se avanza entonces hacia el reemplazo de la matriz penal por lógicas restaurativas  que funcionen como regla general. Esto involucra un salto madurativo de enorme significación que exige la jerarquización simbólica y presupuestaria del sistema institucional. Todo impacta sobre la referida lógica interdisciplinaria que -para ser tal- exige como condición sine qua non  la participación democrática desde las distintas disciplinas que proporcionan los  “insumos indispensables” mencionados por Ramos. Los distintos sistemas vienen advirtiendo ésto, y reflejan esa apertura cultural e ideológica en las expresiones materiales concretas. Esto es loable pues es allí, y no solo a nivel discursivo, donde se advierten las verdaderas corrientes de opinión y acción.

 

 

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Curriculum
Currículum Vitae

Osvaldo Agustín Marcón es Postdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2017); Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2015); Magíster en Salud Mental (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2009); Diplomado Superior en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007); Especialista en Minoridad (Univers ... Leer más
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