21-Jul Justicia Juvenil: el debido proceso y el Caso Gault

"Es interesante el planteo del jurista Atilio Álvarez, de reconocida trayectoria nacional e internacional. El especialista identifica en el caso “Gault” un hito central para buscar una respuesta. En 1967 la Corte Suprema de los EE.UU. declaró la inconstitucionalidad de las facultades de las cortes juveniles para privar de libertad, sin las garantías del debido proceso, a adolescentes penalmente no incriminables. Sin embargo en Argentina este fallo no tuvo gran impacto pese a que el tutelarismo vigente había sido copiado del sistema anglosajón (el primer Tribunal de Menores fue creado en Chicago, en 1899)". Para acceder al artículo, haga click en el título del mismo. Fuente: diario "El Litoral" (Santa Fe, Argentina, edición del: 09)-07-17).

Todo ciudadano menor de edad debe gozar del genéricamente denominado “debido proceso”. Esto forma parte del horizonte hacia el que debe marchar cualquier sistema socio-jurídico ajustado según los estándares internacionales. Dicho axioma remite a varias cuestiones entre las que se destaca la vigencia de las denominadas “garantías”, básicamente orientadas a reducir las posibilidades de ejercicio discrecional desde el poder estatal. Significa que se deben respetar varios principios que se materializan en la necesaria presencia de distintos actores en la escena judicial (mínimamente juez, fiscal y defensor). Éstos deben impulsar el debate relacionado con el hecho investigado.

Sin embargo esa unanimidad se reduce cuando nos preguntamos respecto del “cómo”. El debate se plantea entre quienes afirman que el camino es el de la penalización y quienes sostienen que no es ésa la obligación impuesta del sistema jurídico.  Se trata de un debate que ocupa gran espacio desde que existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). No obstante en la Provincia de Santa Fe esa discusión viene por lo menos del año 1949, con la creación de los Tribunales de Menores y  el Código del Niño (Leyes 3460 y 3461), sistema que no por casualidad excluía la intervención del Fiscal.

Más contemporáneamente, es interesante el planteo del jurista Atilio Álvarez, de reconocida trayectoria nacional e internacional. El especialista identifica en el caso “Gault” un hito central para buscar una respuesta. En 1967 la Corte Suprema de los EE.UU. declaró la inconstitucionalidad de las facultades de las cortes juveniles para privar de libertad, sin  las garantías del debido proceso, a adolescentes penalmente no incriminables. Sin embargo en Argentina este fallo no tuvo gran impacto  pese a que el tutelarismo vigente había sido copiado del sistema anglosajón (el primer Tribunal de Menores fue creado en  Chicago, en 1899).

Recién con la entrada en vigencia de la CIDN, en Argentina y casi toda Latinoamérica se desarrollan dos vertientes divertentes. Una, ligada al proceso de elaboración de la Convención más otros acuerdos internacionales, preocupados por dotar de garantías procesales a todo niño, “incriminable penalmente o no”, pero privilegiando formas distintas al proceso penal. Esto significa, según plantea Alvarez, “superar el tutelarismo sin retroceder al retribucionismo penal decimonónico”. La otra vertiente interpreta el fallo “Gault” de “una manera diferente a lo que la señera sentencia preconiza”. En lugar de leerla  en verdadero garantismo, es decir en términos de que “todos los niños tienen derecho al debido proceso, sean o no de edad imputable”, se interpreta que “para que los niños tengan derecho al debido proceso es necesario imputarlos penalmente desde temprana edad” (www.cuestionsocial.com.ar).

El especialista sostiene que la postura neo-retribucionista no deriva de la CIDN, ni del Pacto de San José de Costa Rica ni, mucho menos, de la Observación General n° 10 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Es -en cambio- la proyección, como lo fue el tutelarismo, del “sistema norteamericano y en especial del neoyorquino”, pero interpretado el “Caso Gault” en clave penal. En América Latina este modelo, asociado siempre a los partidarios de la represión de los niños, a los profetas del axioma según el cual "el que las hace las paga”, y a los propulsores del castigo como connatural a la vida social, fue inclusive logrando la baja de edades de responsabilidad penal en todo el continente, al principio a cambio de medidas de privación de libertad más breves (por eso se lo podía llamar “neo retribucionismo atenuado”).

La argumentación según la cual solo existirían garantías en el derecho procesal penal parte de conceptos equivocados, cuyo origen se encuentra en latitudes jurídicas ajenas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). La lógica penal, claramente, viene funcionando como suerte de “Caballo de Troya”. Aparenta compromiso con los DD.HH., pero luego de incorporado muestra su sentido puramente penal.

COMENTARIOS :: Complete el siguiente formulario

Curriculum
Currículum Vitae

Osvaldo Agustín Marcón es Postdoctorado en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2017); Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2015); Magíster en Salud Mental (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2009); Diplomado Superior en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007); Especialista en Minoridad (Univers ... Leer más
Comentarios
Newsletter
Suscribite al newsleter para recibir la información más completa sobre nuestro sitio Web

Diseño Web
Atención:Tu navegador es muy viejo. Para visualizar correctamente esta página necesitas la última versión de Internet Explorer ó Google Chrome